Bogotá D.C., 11 de diciembre de 2025.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), expresa su preocupación frente al proyecto de ley sancionatorio aduanero radicado recientemente por la senadora Paola Holguín en nombre de varios miembros del Consejo Gremial. Según el análisis técnico de la entidad, más del 85% del articulado coincide con el proyecto radicado por el Gobierno, pero contiene diferencias sustanciales que debilitan la capacidad de control del Estado frente al contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
Equiparar el decomiso de mercancías a una sanción, como plantea el proyecto del sector privado, implica legitimar la ilegalidad de mercancías que ingresan al país por contrabando. El contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo, esta es la consecuencia lógica de considerar el decomiso como una sanción. La jurisprudencia del Consejo de Estado se ha referido al decomiso como la definición de la situación jurídica de la mercancía y no como una sanción.
De los puntos más relevantes del Proyecto se identifican como críticos los siguientes:
Preocupaciones por los principios de debida diligencia y lesividad
La DIAN advierte que, en los términos en los que el sector privado está planteando los principios de debida diligencia y lesividad son graves y afectan el control que desarrolla la administración aduanera porque no estamos lidiando con personas del común. Se trata de profesionales que conocen la gestión de aduanas y expertas en el tema, por ello son objeto de autorización, habilitación, inscripción o registro ante la DIAN para acreditarlo.
En consecuencia, se les pide la mayor diligencia y su comportamiento únicamente se excusa con la configuración de las causales de exoneración de responsabilidad como lo propone el proyecto de ley del Gobierno. Aceptar lo contrario es propiciar comportamientos que ponen en riesgo la seguridad nacional y sanitaria.
Sanciones propuestas: montos absurdamente bajos que disminuyen el riesgo subjetivo de ser sancionados por el incumplimiento de las normas aduaneras e incentivan la realización de operaciones ilegales ante ausencia de sanciones ejemplarizantes.
La DIAN advirtió que los montos de las sanciones propuestas por el sector privado son absurdamente bajos, lo que generará incentivos perversos ya que los usuarios y los contrabandistas van a preferir incumplir reiteradamente la ley y pagar la sanción que cumplir la norma, lo que aumentará los delitos conexos al contrabando técnico como son el lavado de activos y el narcotráfico.
En esa línea se encuentra que el Proyecto propone como sanción más alta, para una infracción gravísima, una multa de 1.000 UVT monto que, con todas las reducciones propuestas, quedaría en $2.000.000. Esto resulta irrisorio ante el impacto que representa el contrabando en la industria y la seguridad nacional y sanitaria.
Adicionalmente, esto pone en riesgo a los empresarios y comerciantes formales porque se pueden enfrentar a una competencia desleal.
Futuro incierto para la inclusión de nuevas dinámicas que demande el comercio internacional.
Se observa la ausencia de un mecanismo jurídico que permita incluir en un futuro ante nuevos procedimientos que demande la dinámica logística del comercio internacional, las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las nuevas obligaciones. Lo que impide que el comercio exterior evolucione de manera ágil y eficiente porque necesariamente se tendrá que tramitar de manera paralela una ley que establezca las sanciones aplicables correspondientes, con los tiempos que esto requiere.
El Gobierno nacional fiel a lo que ha manifestado en las discusiones previas de este proyecto de ley, está atento para aportar en las discusiones que se presenten en el Congreso de la República con transparencia, respeto, responsabilidad y lealtad.
Descargue aquí el Comunicado de Prensa.
